LA SANA CRITICA Y EL RECURSO DE CASACION.

LA SANA CRITICA Y EL RECURSO DE CASACION.

Tita Aránguiz Zúñiga, Abogada, Fiscal Judicial  y Académica

24/06/2006



Entre los sistemas de valoración de la prueba, se puede distinguir la valoración legal y dentro de ella la valoración absoluta, que corresponde a aquellos documentos públicos que no han sido objetados; y la valoración relativa, establecida en el artículo 384 del Código de Procedimiento Civil, disposición legal que regula la apreciación de la prueba de testigos en consideración a las circunstancias que en cada caso se señala. También distinguimos entre los sistemas de valoración, el judicial, y entre ellos, la apreciación de las pruebas sujetas a control, tales como la sana crítica y la apreciación en conciencia; y la apreciación de la prueba sin control, en donde encontramos la libre convicción y la contra prueba.

Por otra parte en el sistema de valoración sujetas a control, encontramos aquellas sujetas a control externo e interno, y entre los primeros, la prueba reglada o tasada y dentro de los segundos, la sana crítica. En la prueba sin sujeción a control o prueba libre, tenemos el de libre convicción y contra prueba.

La clasificación anterior es importante por cuanto ella nos permite encontrar los elementos necesarios a utilizar en el mecanismo de análisis de la prueba, toda vez que dependiendo del sistema frente al cual estemos es que le otorgaremos un determinado valor al medio probatorio respectivo, el que podremos compartir dependiendo de la objetividad o subjetividad del sistema elegido. En el evento de que se opte por un sistema objetivo de apreciación de los medios de prueba, los resultados del análisis serán lógicamente objetivos y permitirán arribar a conclusiones similares a todos aquellos que intervengan; no así, si el sistema elegido es subjetivo, ya que la valoración la darán elementos de convicción interna, que van a depender de la diversidad de culturas, experiencias, principios de la más variada índole del que utiliza el sistema de valoración.

¿Qué se entiende por prueba tasada o reglada?. La prueba tasada y la contra prueba van surgiendo de la combinación de los elementos señalados precedentemente. En la prueba tasada el medio de la prueba, el procedimiento y el valor probatorio están precisados por la ley en un sistema apriorístico. En el sistema contra prueba no interesa, ni el medio, ni el procedimiento, ni su valor probatorio porque el juez puede fallar contra todo lo probado en el proceso.

Con relación a la apreciación de la prueba de libre convicción, nos atendremos a los conceptos que en general se han señalado en diversos textos y que se resumen a como su nombre lo indica, a la libertad del juzgador de apreciarlas con libertad, sin restricción de ninguna especie.

¿Qué sucede en la Sana critica?.

Este Sistema se ubica entre aquellos de valoración a posteriori o judiciales.

Los conceptos que se han emitido de la sana critica, la definen con la expresión "reglas" y sin embargo, cuando nos referimos a la apreciación de la prueba en conciencia, nunca ocupamos dicha palabra. A juicio del Profesor Colombo, la respuesta se encuentra en que la sana critica está más cerca de la prueba reglada, no así la apreciación en conciencia, que es más próxima a la de libre convicción.

En ésta materia y aludiendo a las características propias de la sana crítica ( sistema valórico de prueba que debe expresar las razones jurídicas y las simplementes lógicas, científicas, técnicas o de experiencia, tomar en consideración la multiplicidad, gravedad, precisión, concordancia y conexión de las pruebas o antecedentes del proceso que utilice el juez), Couture señala que la lógica es invariable; las máximas de experiencia, surgen del devenir histórico. EL juez no obstante su libertad, tiene un padrón comparativo que es el sistema ambiental que lo ubica dentro de una nomenclatura de la cual teóricamente no puede salirse. Por lo tanto, si bien es efectivo que este sistema es absolutamente judicial en cuanto a la valoración de la prueba, la libertad del juez está limitada por factores objetivos tal como se planteó con las máximas de experiencia. Obviamente que estos factores objetivos son cambiantes y por eso mismo que en la definición de Couture se dice que son contingentes y variables, pero estables y permanentes en cuanto a los principios lógicos.

En nuestra legislación conforme a la oportunidad en que se ejerce el control de la prueba nos lleva a sostener que tenemos un sistema apriorísticos o extrajudicial; a posteriori o judicial y mixtos.

Definido así los diversos sistemas de apreciación valórico de los medios de prueba, entraremos a ver específicamente el tema que nos preocupa, la sana crítica en el proceso laboral

SANA CRITICA:

Con propiedad podemos sostener que el sistema de valoración de la prueba consagrado en nuestra legislación en sus arts. 455 y 456 del Código del Trabajo corresponde  a una valoración judicial sujeta a control externo, por cuanto hay ciertos criterios pre establecidos por el legislador no dejandolo sujeto a la liberalidad del sentenciador. Tal es así, que el artículo 456 del Código del Trabajo nos señala los elementos a considerar en éste tipo de sistema y que corresponden a los consignados precedentemente, y que no son otros que lo establecidos en la norma ya citada: razones jurídicas, simplemente lógicas, científicas, técnicas o de experiencia, multiplicidad, gravedad, precisión, concordancia y conexión de las pruebas o antecedentes del proceso que se utilice, de manera que es examen conduzca lógicamente a la conclusión que convence al sentenciador.

Para examinar cada uno de los términos utilizados por el legislador en la definición anterior, debemos utilizar los mecanismos dispuesto por la propia ley. El art.20 del Código Civil ha establecido claramente una pauta con respecto a la utilización de las palabras, las que deben entenderse en su sentido natural y obvio, según el uso general de las mismas, salvo cuando el propio legislador le ha querido dar un significado distinto. En éste caso, el legislador no ha dado un sentido distinto a ninguna de las palabras contenidas en el artículo 456 del Código del Trabajo, por lo tanto, debemos atenernos al significado natural y obvio.


Es así, que el Diccionario de la Real Academia Española define la lógica como la ciencia que expone leyes, modos y formas del conocimiento científico y a su vez, nos señala que la palabra "lógicamente" en su sentido natural, tiene el significado de "como era de esperar". Es decir, la definición analizada constituye las reglas a la que el juez debe ceñirse con un raciocinio científico, lógico y de experiencia que concluya con un resultado " que era de esperar"; de tal manera que el observador concluya en la misma forma utilizando tal raciocinio, sin influir los convencimientos internos.

Asimismo, define el mismo texto las palabras " experiencia" como la "enseñanza que se adquiere con el uso, la práctica o el vivir"; aismismo, con respecto a "técnica", como "el conjunto de procedimientos y recursos de que se sirva una ciencia o arte"; "científica", "perteneciente a la ciencia" y "ciencia", como "el conocimiento cierto de las cosas por sus principios y causas".

Como podemos observar la propia norma establece sistemas de control ambientales, objetivos, como la lógica y las máximas de experiencia, lo que pueden ser puestos en paralelo con lo que pudieran sostener los tribunales superiores o cualquier persona que de una u otra forma tenga acceso a la decisión judicial, sin embargo, existe un parámetro de control que no constituye la sola convicción interna del sentenciador, la que resulta muy difícil de medir y por ende de evaluar como sucede en el sistema de apreciación sin control o de libre valoración.

Evolución de la prueba frente al juez:

La prueba solo tiene relevancia- entre las soluciones de conflicto-, en el proceso, ya que en la autocomposición ni en la autotutela debe acreditarse nada, no interesa para esos efectos. Se vincula la prueba de esta forma, con la jurisdicción, ya que es la que permite conocer, juzgar y hacer cumplir lo juzgado, misión de la esencia de los Tribunales y consagrada expresamente en nuestra legislación.

Son objeto de prueba los hechos afirmados por las partes dentro de un proceso dispositivo. En el sistema inquisitivo el juez apoya en la prueba su propia investigación para lograr la convicción.

La competencia específica del tribunal se encuentra precisada conceptualmente en el art. 160 del Código de Procedimiento Civil al disponer que las sentencias se pronunciarán conforme al mérito del proceso, sin extenderse más allá de los puntos que las partes han sometido al conocimiento del respectivo Tribunal.

El juez en general pasa por tres etapas o fases de desarrollo de la prueba: la etapa que puede llamarse de la ignorancia de los hechos, al conocer la demanda y a medida que se va moviendo a través de la fase del conocimiento jurisdiccional va adquiriendo una cierta credibilidad de los hechos y es allí que le permite tomar algunas medidas: alimentos provisorios, tuición provisoria, medida cautelares, encargatoria de reo, etc.., es la etapa de credibilidad y, la etapa de la certeza, el juez comprueba por sí mismo si su credibilidad está ajustada a su verdad, y si está ajustada a su verdad, transformará la credibilidad en verdad y, si no está ajustada, deberá dejar sin efecto las medidas que tomó en la etapa de la credibilidad. Todo esto depende del sistema de valoración de la prueba ya que si el juez puede imponer su convicción como verdad judicial estaremos en el sistema de valoración judicial; en cambio si el juez debe ajustarse estrictamente a las pruebas legales, no podrá hacer otra cosa sino que acatarlas, lo que conduce a la prueba tasada.

En resumen, el juez no tiene la suficiente libertad en el Sistema de la sana crítica para conceder el valor que su voluntad o libre conciencia lo lleve a concluir con respecto a la apreciación que le produzcan las pruebas rendidadas por las partes; como tampoco está tan restringido como para tener que conceder un valor determinado a las pruebas presentadas por la parte, como sucede con el Sistema de prueba reglada o tasada, en este caso existe una elaboración intelectual tal que el observador utilizando el mismo método quede convencido que de la conclusión a que el sentenciador arribó, ya que se trata de razonar científica y lógicamente, con regla objetivas que necesariamente confluyen en un mismo resultado. Por tal razón debe el Juez ir precisando en su sentencia como tales reglas lo van conduciendo a la conclusión a que arriba y que se encuentra determinada expresamente en la ley, no bastando para ello hacer mención, como sucede en la práctica, que el conjunto de medios probatorios rendidos en la causa han sido apreciados conforme a estas reglas, debe contener todo el análisis exigido por la misma ley y como este va influyendo en su decisión. Este sistema permite al sentenciador "una libertad conducida", tal como señala el Profesor Couture, el legislador determina ciertos elementos objetivos invariables tanto para el sentenciador o el intérprete, son elementos que todos podemos fácilmente distinguir, que no dependen de nuestra sola voluntad; son elementos compartidos y que el matiz en las diversas interpretaciones que pudiera efectuarse frente a una situación determinada, radica exclusivamente en la conexión y concordancia que se realice de las pruebas rendidas, pero que ellas conduzcan en forma lógica a la conclusión que ha convencido al sentenciador.

Finalmente y de acuerdo a la evolución que ha tenido en nuestra legislación el sistema de evaluación de la prueba, podrá fácilmente colegirse que el legislador ha pretendido restringir la libertad del juez para apreciar la prueba, ha pretendido "conducir" sus conclusiones. Ello queda claramente reflejado en la evolución de la legislación laboral. La ley 16.455 del año 1966, estableció como forma de apreciar la prueba, la conciencia, sin embargo, con el Decreto Ley N° 3648 de 1981, el que prescribía en su artículo 30 que la apreciación de la prueba era en conciencia, pero ya establecía algunas limitantes, puesto que el juez debía fundamentar circunstanciadamente sus conclusiones. Sin embargo, en el año 1986, aparece como un sistema moderno y por ende bastante novedoso en nuestra legislación general, pero aplicada en esa época solo a materia laboral, la sana crítica, con cierta restricción en sus comienzos, ya que esta forma de apreciación de la prueba iba complementada con presunciones legales, así lo estableció el art. 40 de la Ley 18.510. Finalmente aparece, en la forma que hoy la conocemos y definida en los términos señalados anteriormente con la ley 19.250 del año 1993. Sistema que el legislador ha ido extendiendo, incluso, al procedimiento civil, pudiendo encontrarlo, por ejemplo, en el art. 425 con respecto a la apreciaicón de la prueba de peritos


Procedencia del recurso de Casación en este Sistema.

Junto con la evolución de la apreciación de la prueba en materia laboral, debemos tener presente junto con ello, la procedencia de los recursos.

Hasta la dictación del Decreto Ley 3648, solo se permitía en el procedimiento laboral el Recurso de Apelación ( art. 32 D.L. 3648), con la dictación de la Ley 19.250 que vino a reemplazar el artículo 436 de la ley 18.620, hizo extensible a esta materia todos los recursos, incluido la Casación.

Con lo analizado precedentemente y otorgando la ley parámetros objetivos de apreciación de los medios de prueba exentos de consideraciones internas del Juez, y la admisión de los recursos contemplados en materia civil , la transgresión u omisión de las "reglas" establecidas en el art. 456 del Código del Trabajo, constituye una infracción de ley que debe ser enmendada mediante un Recurso de Casación por un Tribunal de Derecho cuya misión es cautelar la aplicación correcta de la legislación, como asimismo, velar por la uniformidad de la jurisprudencia.

Las modificaciones introducidas por el legislador en los sistemas de apreciación de la prueba en materia laboral, no ha perseguido otro objetivo distinto al señalado.

 Como podrán apreciar el nombre de esta ponencia es bastante largo, pero en rigor procuraré centrarme desde el punto de vista de la actividad probatoria, que obviamente está relacionada con la actividad judicial y, en general, analizar cómo podemos probar la relación laboral y específicamente el teletrabajo.

 

Dentro de la actividad judicial debemos destacar que el Poder Judicial, a través de sus Tribunales, ha ido incorporando las nuevas tecnologías, implementando un sistema computacional que se inició a mediados de la década de los ochenta con una capacitación a los jueces, lo que condujo a inaugurar en el año 1990 el sistema seguimiento de causa, que en cierto modo es el que conocemos hoy en día y que vemos diariamente en todos los tribunales. Junto con ello, se creó a esa misma época la Corporación Administrativa del Poder Judicial, órgano de mayor complejidad y gestión que el que le antecedió, la Junta de Servicios del Poder Judicial. Con este nuevo organismo se creó, acorde con los tiempos un departamento de informática, que es el que dio origen a esta nueva forma de tecnología de la información y comunicación en la actividad judicial. Posteriormente, se inició el Sistema de Autoconsulta mediante el cual puede consultarse gratuitamente el estado de tramitación de causas y, tales avances tecnológicos han culminado hoy en día con la iniciativa de abrir una página web del Poder Judicial, que aún sufre transformaciones propios de los inicios de toda nueva actividad.

 

El avance en estos casi quince años del sistema de seguimiento de causa, nos ha permitido tener, prácticamente un completo expediente computacional, expediente que puede ser consultado, no solo por los litigantes sino por el público en general, produciendo además, un cambio sustancial en la cultura de los propios funcionarios judiciales y actores del proceso, por cuanto se han ido incorporando palabras ajenas al idioma forense, lo que ha llevado a sostener que bien puede generarse un nuevo derecho como sería el derecho procesal computacional, ya que el reemplazo de palabras jurídicas o legales por palabras técnicas y propias de lo computacional ha incorporado entre los funcionarios una nueva forma de comunicación al proporcionar la información respectiva de las causas.

Las referencias anteriores dicen relación más bien con la primera instancia, haciéndose necesario hacer mención expresa de lo que existe en la actualidad en segunda instancia. En algunas Cortes el sistema de distribución de causas, regula la distribución de todas las demandas nuevas a los diversos Tribunales incorporados al sistema, haciéndolo en forma aleatoria, cuestión que con anterioridad se realizaba en forma manual.

 

Hoy se encuentra incorporado a este sistema las Cortes de Apelaciones de Valdivia, Concepción, Valparaíso, San Miguel, Santiago y La Serena .

 

Como podemos ver, lentamente los tribunales se han ido modernizando. No es el caso entrar a calificar si ello ha ocurrido con la celeridad que hubiéramos querido, lo que sí hay que reconocer que queda mucho por hacer, puesto que hay tribunales de regiones que aún no hay grandes avances en tal sentido. Teniendo esta visión global del funcionamiento y avances en las comunicaciones, entraremos a examinar la relación de los medios de prueba con la actividad judicial y como ello, nos va a permitir establecer la existencia de relación laboral en las tecnologías de la información y las comunicaciones, con una forma muy propia de la modernización como es el teletrabajo.

 

Respecto de los medios de prueba no ha habido grandes cambios en nuestra legislación. El Código Civil que data de 1855 y el Código de Procedimiento Civil del año 1893 y que, tampoco, han tenido mayores variaciones. El primero de ellos, el Código Civil, establece en los artículos 1698 y siguiente algunos medios de prueba y nos determina el valor probatorio de ellos; sin embargo, el artículo 341 del Código de Procedimiento Civil nos señala determinadamente los medios que sirven para acreditar aquellos hechos que nos interesan en un juicio, a saber: los instrumentos, la inspección personal del tribunal, testigos, confesión de parte, informe de peritos y presunciones.

 

Pareciera que con esta lista podríamos incluir de alguna manera estas nuevas tecnologías y asimilarlos en ésta forma a los instrumentos. Lo primero que ha de intentarse es definir que son los instrumentos ya que en nuestra legislación no existe definición alguna. Es así, que los instrumentos públicos o auténticos que es la del artículo 1699 del Código Civil, nos indica que es el autorizado con las solemnidades legales por el competente funcionario otorgado ante escribano incorporado en un protocolo o registro público que se llama escritura, o sea, la definición expresa de que es el autorizado con las solemnidades legales por el competente funcionario, lo que destaca la disposición legal citada es la forma de extenderlo, sin entrar a dar un concepto del instrumento. Lo que pretendemos es tener una idea global de lo que debe entenderse por instrumento.

 

El artículo 403 del Código Orgánico de Tribunales no contiene una diferencia o algún concepto diverso al ya señalado. Nos señala, respecto a escritura pública, que es el instrumento público auténtico otorgado con las solemnidades que fija esta ley por el competente notario incorporado a su protocolo o registro público. Al no existir, tampoco por su parte una definición de instrumento privado y haciendo aplicación, en sentido contrario a lo que debe entenderse por instrumento público, podemos, a su vez, dar una definición a éste último tipo de instrumento. Conforme a ello, debemos entender que un instrumento privado sería el que no es otorgado con las solemnidades que fija la ley por el competente notario y que no está incorporado a un protocolo. En consecuencia, no disponiendo de otra definición dada por la ley de instrumento, cabría entonces entrar a definir, conforme al Diccionario de habla Hispana y en virtud del artículo 20 del Código Civil que dice que las palabras deben entenderse en su sentido natural y obvio salvo que la ley establezca una definición propia. Se le define como un instrumento, escritura, papel o documento con el que se justifica o prueba algo. Vemos pues, que es bastante genérico, en consecuencia, nada puede excluirse de ésta definición, ella misma no lo permite. A su vez, se define como acto de escribir, la representación de las palabras o ideas con letras u otros signos trazados en papel u otra superficie.

 

Con ésta definición, aparecen ideas que nos son familiares en relación a lo que asociamos a escribir, a documento, etc.; en ella, se nos menciona la idea de signos que podrían estar contenidos en una superficie cualquiera, no solamente papel. Hasta ahora tenemos una vaga idea de lo que pudiéramos entender como instrumento, tal vez podemos aclarar más el concepto, dentro de nuestro derecho positivo actual, al revisar la Ley 19.696, referida al nuevo Código Procesal Penal, el que actualmente no tiene aplicación en Santiago sino que en algunas regiones de Chile, toda vez que dichas disposiciones van destinadas a conformar un procedimiento mucho más moderno.

 

En efecto, el artículo 19 inciso tercero del Código Procesal Penal dispone que en el evento de no hacerse entrega de los antecedentes solicitados por el fiscal, él deberá dar cuenta a la Corte para que ella lo requiera y este informe será recabado por la vía que considere más rápida, sin especificarlas. Otra disposición de esta misma ley, el artículo 21 precisa como deben realizarse las comunicaciones y señala que ellas se podrán efectuar por cualquier medio idóneo. Nuevamente tenemos una idea amplia al respecto.

 

Enseguida, el artículo 22 relativo a la forma de realizarse las comunicaciones en el Ministerio Público, dispone la norma que deberán realizarse "por cualquier medio razonable que resultare eficaz". A su vez el artículo 23 con respecto a la forma de realizar las citaciones el Ministerio Público cuando ellas deba efectuarlas el fiscal, prescribe que ellas pueden efectuarse por cualquier medio idóneo. Ante esa forma genérica de comunicación debemos preguntarnos ¿Qué es un medio idóneo? El artículo 29 relativo a las notificaciones al imputado privado de libertad, dispone que cuando hay que notificarle una resolución a un imputado que está privado de libertad debe hacerlo un funcionario bajo la responsabilidad del jefe del establecimiento, haciéndole llegar la resolución por el tribunal, por cualquier medio de comunicaciones idóneo, tales como fax, correo electrónico u otro. Otra disposición de esta misma ley relativa a otras formas de notificaciones, es la del artículo 31, en donde se señala que las partes intervinientes, pueden optar por otro tipo de notificaciones, siempre que resultaren suficientemente eficaces y no causaren indefensión. Existiendo más disposiciones en este Código Procesal Penal, en el sentido propuesto, nos quedaremos con las ya aludidas como forma de ilustrarnos en esta materia.

 

Existe en otros cuerpos legales un reconocimiento a este tipo de instrumentos o de alguna manera se puede visualizar que la ley está reconociendo la existencia de instrumentos electrónicos. Es así, que el Código Tributario en su Artículo 30 inciso segundo faculta a la Dirección de Impuestos Internos a autorizar a los contribuyentes a que los informes y declaraciones a que están obligados a realizar las hagan en medios distintos al papel. Aquí ya claramente, hay un reconocimiento legal a la existencia de otros medios distintos al papel, estableciendo el uso de sistemas tecnológicos, La misma disposición citada en su inciso final dispone que la impresión en papel que efectúa el Servicio de estos informes y declaraciones presentadas en los referidos medios tendrá el valor probatorio de un instrumento privado emanado de la persona bajo cuya firma electrónica se presente. Vemos pues claramente, que ya el Código Tributario reconoce la existencia de estos medios.

 

Creo que además de estas disposiciones, hoy en día tenemos un reconocimiento expreso de las nuevas tecnologías, lo que se ha plasmado en la Ley 19.799 sobre firmas electrónicas, recientemente publicada en abril del 2002. Esta ley si bien aparentemente nos trae alguna novedad no es tal si recordamos que en el año 1999, se dictó el Decreto 81 en que se entra a regular la firma y emisión de documentos electrónicos de la Administración del Estado. Sin embargo, esta Ley 19.799 introdujo una modificación a este decreto y, además, amplía los conceptos establecidos primitivamente en dicho Decreto, ya que crea los servicios de la certificaciones de firma electrónica, los que avalan que esos documentos son válidos y además crea un sistema de control a cargo de la Subsecretaría de Economía, Fomento y Reconstrucción. Faculta, este cuerpo legal al Presidente de la República para dictar un reglamento dentro de los 90 días a contar de la fecha de vigencia, plazo que, a ésta fecha se encuentra vencido.

 

Teniendo claro lo que es instrumento, debemos entrar a ver como probamos en un juicio, una relación laboral.

 

El artículo 7 del Código del Trabajo establece los elementos de una relación laboral al disponer que el contrato individual de trabajo es una convención por la cual el empleador y el trabajador se obligan recíprocamente, éste a pagar por estos servicios personales bajo dependencia y subordinación del primero y a quién va a pagar por estos servicios una remuneración determinada; los elementos que nos establece ésta disposición son: servicios personales, subordinación, dependencia y una contraprestación, que es el pago de la remuneración. Existiendo ellos, dispone el artículo siguiente, se presume que existe relación laboral.

Probar la relación laboral siempre ha sido complejo, y ello radica fundamentalmente en lo que ha de entenderse por subordinación y dependencia, términos cuya elaboración conceptual ha quedado en manos de la jurisprudencia. Esta situación, si bien no ha variado sustancialmente ha producido un gran cambio con la dictación de la ley la 19.759 que entró en vigencia en diciembre pasado y que se enmarca dentro de las últimas Reformas Laborales.

 

El artículo 8, ya citado, agregaba un nuevo elemento a la presunción que destacábamos del artículo 7, en cuanto que no hacía presumir la existencia de contrato de trabajo la prestación de servicios prestados en forma habitual en el propio hogar de las personas que lo realizan o en lugar libremente elegidos por ella sin vigilancia inmediata de quien los contrata, o sea, antes las exigencias previstas en el Código del Trabajo significaban que además de los elementos que señalaba el artículo 7 debíamos agregar que el trabajador tenía que desempeñarse en el lugar de la empresa y que tenía que tener una vigilancia inmediata, porque a raíz de que no había una forma de controlarlo no se aceptaba que tal trabajo originase una relación laboral.

 

Sin embargo, tal disposición fue derogada por la Ley 19.759 imperando solamente la presunción del artículo 7. La estimación que anteriormente contenía el artículo 8, hoy derogada, en cuanto a que el no desempeñar las funciones en el lugar de trabajo, no constituía una relación laboral, fue recogida en un fallo del año 1996, en donde en primera instancia se acogió la demanda y la Corte de Apelaciones procedió, posteriormente a revocarlo, rechazando la demanda. El recurso casación fue desestimado. En éste fallo la corte de Apelaciones dio por sentado tres elementos que llevaban a concluir la inexistencia de una relación laboral, a saber: que el actor no estaba obligado a timbrar ni registrar asistencia, ya sea en libros o tarjetas; que no tenía oficina ni escritorio en la empresa; y, que las labores de vendedor comisionista la efectuaba en un vehículo de su propiedad. Este fallo, con la actual derogación del artículo 8 inciso no habría podido prosperar. En estas condiciones, pudiendo llegar a constituir una relación laboral el desempeño dentro del hogar u otro lugar semejante por parte del trabajador, pareciera, por otra parte, poco exigible, otro elemento clásico de la relación laboral, el cumplimiento de una jornada determinada. En efecto, en tales condiciones se hace muy difícil controlar el cumplimiento de un horario, resultando imposible concebir el marcar tarjeta en su casa, registrar la hora de entrada y de salida, por lo tanto ha de concluirse por ésta vía que este otro elemento propio de una relación laboral está perdiendo vigencia.

 

Pareciera que en reemplazo de esta falta de control horaria pudiera suplirse controlando al trabajador, dando directamente instrucciones, recibiendo al instante el fruto de estas instrucciones, dirigirlo, efectuar modificaciones a las instrucciones, etc... A mi juicio esto se manifiesta en forma muy clara en una sentencia, que de alguna manera ha marcado un hito en España. esta sentencia fue dictada por la Corte Superior de la Sala en lo Social de Madrid el 30 de septiembre de 1999, siendo su ponente la doctora Virginia García Alarcón. Trata de una pareja de maquetadores de una revista, los que trabajaban desde su casa y son despedidos. Sin restar importancia a la materia de que trata el proceso es dable rescatar en este caso y para los efectos de ésta exposición, es que se desconoce, por parte de la editora de la revista, la relación laboral argumentándose que ellos se desempeñaban desde su domicilio. El fallo establece finalmente la existencia de relación laboral, por cuanto, había una prestación de servicios que se pagaba periódicamente y por sumas similares, agregando, un elemento que a mi juicio creo que resultaría interesante incorporar a nuestra doctrina para determinar la subordinación y dependencia, lo que siempre constituye el elemento más difícil de acreditar al no estar definido en nuestro Código quedando solo en manos de la apreciación que los jueces hagan de las pruebas en tal sentido y me refiero a la ajenidad que ésta sentencia española incorpora. Es así, que la Corte Española establece que estos trabajadores o maqueteros no obtenía mayores ganancias si aumentaban la cantidad de revistas que se vendieran, como tampoco respecto a la cantidad que ellos mismos producían, ni con respecto a las portadas que ellos hicieran. Ellos desempeñaban una determinada labor desde sus hogares y por ello recibía una remuneración fija siéndoles del todo ajeno la producción. Ese elemento nos permite distinguir en forma más precisa, entre una relación laboral de una civil, en donde, con respecto a ésta última, la prestación de servicios va en relación directa con el producto de nuestro trabajo, en que sí nos beneficiamos con lo que recibimos como contraprestación. Otra característica y no menos importante que se destaca en este fallo, es el reconocimiento de un ámbito organizacional distinto de la persona, las instrucciones se las daba el dueño de la revista, la empresa, por intermedio de internet o por el teléfono móvil y la relación de trabajo era personalísima, puesto que esta pareja era la que realizaba el trabajo, situación que sí está contenida en forma expresa en el artículo 7 del Código del Trabajo, en donde se exige que los servicios que se presten en una relación laboral, deben necesariamente ser personales.

 

Un profesor español de informática, comentando este fallo, señalaba que para él eran importantes dos elementos en este fallo. Primero, que considera, que a esa fecha, año 1999, la legislación existente es suficiente para considerar estas nuevas tecnologías y, segundo, que se establece en esta sentencia que una relación que se da por un tiempo prolongado se incorpora en el ámbito laboral, que de no ser así, este tipo de labores, que va en franco aumento, dejaría estas labores como trabajos sumergidos y precarios, que es como se ha venido considerando desde hace bastante tiempo el teletrabajo.

 

Entremos a ver ahora que pasa con el juez que es el que identifica precisamente la actividad judicial. ¿En que consiste la labor del juez? La labor del juez es apreciar las pruebas que se le presentan y evaluar la forma en que la ley concibe la apreciación de estas pruebas, o sea, se presentan las pruebas y el juez tiene que evaluarlas, ponderar algunas más que otras, nivelarlas, , la ley, su apreciación y el juez conjuga los principios y elementos que le van aportando en este proceso las partes, que constituye la labor fundamental que tiene el juez.

 

Se hace hincapié respecto a la prueba, porque ella, precisamente, tiene relevancia en la solución del conflicto dentro del proceso, ya que fuera de él, en los sistemas alternativos de solución de conflicto de gran crecimiento hoy en día, la prueba no tiene importancia la prueba, se puede prescindir incluso de ella.

 

¿Cual es objeto de la prueba? El objeto de la prueba son los hechos que van afirmando las partes, si afirmo algo tengo que probarlo en el proceso y esta prueba es lo que le va a permitir al juez conocer del asunto, juzgarlo y hacer cumplir lo resuelto, cual es precisamente la esencia de su labor. El juez puede avanzar en estas pruebas en un marco que se lo va dando la propia ley .El artículo 160 del Código de Procesamiento Civil señala que las sentencias se pronunciaran conforme al mérito del proceso sin extenderse más allá de los puntos que las partes han sometido al conocimiento del respectivo tribunal. En materia laboral tenemos una disposición expresa en el artículo 457 del Código del Trabajo, que nos señala que la sentencia definitiva deberá pronunciarse sobre las acciones y las excepciones deducidas y sobre los incidentes o sólo sobre estos, cuando sean previos e incompatible con aquella. El juez se encuentra restringido a lo que las partes discutan en la causa pudiendo, dentro de éste marco analizar las pruebas que se le presenten. Esta movilidad relativa del Juez, con los límites establecidos por la discusión de las partes, las etapas por las que atraviesa el sentenciador son al comienzo, de ignorancia, se le presenta una demanda en la cual él desconoce absolutamente lo que pasa; en la medida que se le van probando los hechos entra en una etapa de credibilidad, o sea, él va creyendo y elaborando sus propios conceptos respecto a lo que se le va presentando y es ahí donde se le solicita medidas cautelares, como por ejemplo medidas prejudiciales, provisionales en materia de menores, ya que el juez va teniendo esa credibilidad, que lo conduce finalmente a la etapa de la certeza, o sea, él enfrenta esta credibilidad con su verdad, si coincide la establece como la verdad jurídica. Este mecanismo que realiza el juez en el análisis de la prueba va a depender de la apreciación que la ley le establezca. Si es una prueba reglada o tasada, el juez va a estar obligado a darle el valor que la ley le obliga y, por lo tanto, no va a tener grandes alternativas. Pero en el caso que la ley le permita otro tipo de razonamiento, acomodará su credibilidad a la verdad que él se ha construido y estaremos frente a una prueba judicial.

 

¿Qué pasa en materia laboral? En materia laboral el artículo 455 del Código del Trabajo dispone que la prueba en materia laboral debe apreciarse conforme a las reglas de la sana crítica. El artículo 456 del Código del Trabajo nos proporciona una definición, comenzando por definirlas como " reglas" lo que lleva a concluir que se trata de toda una normativa para el Juez, de alguna manera rígida. Estas reglas constituyen un sistema valórico de prueba que debe expresar las razones jurídicas y las simplemente lógicas, científicas, técnicas o experiencia. Al examinar cada uno de los términos contenidos en esta definición, y al no tener cada uno de ellos un concepto en la legislación, debemos recurrir al Diccionario de la Real Academia Española, con el objeto de tener un significado común de cada uno de ellos: Lógica: es la ciencia que expone leyes, modos y formas de conocimiento científico, y lógicamente: "como era de esperar", es decir, el resultado, decisión o análisis es común a todos y por ello, su resultado no sorprende " es esperado"; Científica: perteneciente a la ciencia, y ésta última es el conocimiento cierto de las cosas por sus principios y causas. La definición de sana crítica, también se refiere a la técnica, que es el conjunto de procedimientos y recursos de que se sirve una ciencia o arte, con relación a la experiencia, se define como la enseñanza que se adquiere con el uso, la práctica o el vivir.

Concordando estos conceptos, podemos resumirlos que en existen en el, "reglas" de orden científico y técnico, que son elementos objetivos, que en forma conjunta con otro elemento como la experiencia, las que alguna manera pueden ser distintas entre un sentenciador y otro, pero que sin embargo, podemos asociarlas, internalizarlas, debiendo el juez, además, tomar en consideración la multiplicidad, gravedad, precisión, concordancia y conexión de las pruebas antecedentes del proceso que utilice para llegar a la conclusión a la que arriba. En resumen, esta disposición lo que nos está señalando es que el juez de alguna manera está enmarcado en elementos objetivos para apreciar la prueba y debe razonar de tal manera que si el observador razona en la misma forma debe necesariamente llegar a la misma conclusión, no podemos concluir en otra forma. En nuestra realidad nacional, desgraciadamente ello no ocurre así, nuestro que en la mayoría de los fallos los jueces se limitan a enumerar las pruebas rendidas por las partes sin realizar mayor análisis al respecto, para concluir que en virtud de la ésta apreciación, de las reglas de la sana crítica, prescrita por la propia ley laboral, se concluye lo que indica en su parte resolutiva, sin producir convencimiento alguno, convencimiento que debe ser paulatino a través del desarrollo de las consideraciones que conducen a la resolución final, de tal manera que seamos incluso capaces, utilizando ese mismo razonamiento, concluir con antelación a la decisión que estampa el juez en la parte final de su sentencia. Desde esta perspectiva, estimo de suma importancia una disposición contenida en el Código Procesal Penal, en su artículo 36, la que sugiero se incorpore expresamente en nuestro Código del Trabajo:

En resumen, la sana crítica es un control judicial, porque si nosotros hacemos un poco de historia el legislador no ha pretendido que el juez del trabajo sea libre para apreciar la prueba como a él se le antoje, prueba está que en el año 1966 con la dictación de la Ley 16.455 el juez podía apreciar la prueba en conciencia, o sea, era libre para analizarlas según le indicara su experiencia o principios internos, sin expresar razón o fundamento alguno; sin embargo, en el año 1981 con la dictación del Decreto Ley Nº 3.648, en su artículo 30 mantuvo la apreciación de la prueba en conciencia pero, agregó que debía fundamentarse circunstancialmente sus conclusiones, con ello comienza a restringir la libertad del sentenciador. Finalmente en el año 1986 al publicarse la ley Nº 18.510, surge la regla de la sana crítica, o sea, en esa época definitivamente el legislador enmarcó al juez dentro de ciertos límites, otorgándole una libertad conducida, como dice el profesor Couture, una libertad en que es libre para apreciar la prueba, pero debe ceñirse al marco legal establecido, por lo tanto, es un control judicial, es un control externo colocado por la ley.

 

¿Que sucede con el teletrabajo? Con la derogación del inciso final del artículo 8 de la Ley 19.759 del inciso del artículo 8 que les demostré esta apreciación de la prueba de la sana crítica ya la el expresar en el derecho positivo la firma electrónica, las normas de derecho procesal penal estimo que en nuestro país es muy legítimo reconocer la existencia en del teletrabajo pareciera que no necesitamos mayores modificaciones al respecto. No obstante, creo que en este minuto nuestra legislación da un marco mínimo legal, requeriría de algunas disposiciones expresa respecto a este trabajo a esta forma del teletrabajo pero sin embargo yo creo que con la labor de los jueces cuya labor es interpretar la ley lo extracto de la ley y traerlos a un caso concreto y según como se den las circunstancias perfectamente y esa sería una labor de la judicatura hacerlo podría dar cabida a estas nuevas formas de teletrabajo de las nuevas tecnologías.

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